El bono social eléctrico

El bono social eléctrico es una de las figuras que la Ley* regula para proteger a los consumidores del riesgo de pobreza energética. Es decir, los que no puedan permitirse disponer de calidad de vida en su hogar por no poder pagar su consumo de electricidad, uno de los suministros, junto con el agua canalizada, más importantes por esenciales.

Esta ley habla de la persona consumidora vulnerable, del bono social y prevé otras medidas de protección para las personas consumidoras domésticas como hasta 4 meses sin poder cortar el suministro por impago.

Pobreza energética

En España, según datos de Eurostat, el 10% de la población (4,5 millones de personas) vive en una situación de pobreza energética, porque no puede pagar o experimenta atrasos en el pago de sus suministros energéticos. Por tanto, no suele poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Los poderes públicos tienen básicamente dos formas directas de proteger a estos consumidores con problemas financieros.

Una de ellas es que paguen una tarifa de último recurso sobre la cual se aplican reducciones de precio. Y la segunda es que, cuando se vean forzados a dejar de pagar un recibo de la luz, el número de meses que tienen las eléctricas para cortar el suministro desde que dan el primer requerimiento de pago de la factura eléctrica sea de al menos 4 meses. O directamente no se pueda cortar el suministro (si son consumidores vulnerables severos).

Qué es un consumidor vulnerable

La ley considera consumidor vulnerable a la persona física titular de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y que cumpla alguno de estos requisitos:

a) Que su renta personal o renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior:

– a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;

– a 2 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;

– a 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

-o a 0,5 veces el IPREM en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, o haya sufrido violencia de género o sea víctima de terrorismo

b) Que tenga el título de familia numerosa.

c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos.

Consumidor vulnerable severo

Dentro de los consumidores vulnerables, existe una subcategoría de consumidores vulnerables severos, que son definidos por referencia a umbrales de renta más bajos que los señalados con carácter general.

Este colectivo tiene derecho a un mayor bono social. Se trata de consumidores en riesgo de exclusión social y que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una autonomía o ayuntamiento.

La ley define al consumidor en riesgo de exclusión social como aquél que siendo «vulnerable severo»,  y esté siendo atendido por los servicios sociales de su localidad o Comunidad, mediante la financiación de al menos el 50 por ciento del importe de su factura.

Un consumidor vulnerable que tenga contratado su suministro en libre mercado y solicite a su comercializadora acogerse al PVPC no sufrirá ningún tipo de penalización ni coste adicional en su factura.

El bono social

Un consumidor vulnerable tiene derecho a un descuento en su factura que se llama bono social.

El bono social también se reconoce directamente a determinados colectivos, con independencia de su nivel de renta.

El bono social será un descuento sobre el PVPC, calculado según lo dispuesto en el Real Decreto 216/2014, que será aplicado en la factura del consumidor. Al precio resultante de dicho descuento se le conoce como Tarifa de Último Recurso (TUR) y tiene estos descuentos:

• Descuento aplicable a un consumidor vulnerable: 25% sobre el PVPC.

• Descuento a un consumidor vulnerable severo: 40% sobre el PVPC.

Estos descuentos del 25 ó 40% sobre el término de energía del PVPC, se aplicarán sobre el valor obtenido como resultado de multiplicar el importe que hubiese correspondido por facturación del término de energía del PVPC sin descuento, por la relación entre el límite máximo de energía en el periodo de facturación y el consumo de energía total en dicho periodo de facturación.

La energía suministrada al consumidor vulnerable y vulnerable severo por encima de dicho límite en el periodo de facturación le será facturada al PVPC.

Cómo solicitar el bono social

El consumidor que se quiera acoger al bono social deberá presentar a su comercializadora una solicitud junto con la documentación que se pida por alguno de los siguientes medios:

-Teléfono, fax o email disponibles en la página web del comercializador.

-En las oficinas del comercializador o en su página web.

-Por correo postal en la dirección que comunique el comercializador de referencia en su página web y en su factura.

La solicitud la hará el titular del punto de suministro de electricidad y los restantes miembros mayores de 14 años y con capacidad para obrar que, en su caso, integren la unidad familiar a la que pertenezca.

Estos tendrán que dar su consentimiento expreso para que la comercializadora pueda pedir a Servicios sociales información que acredite su condición de «consumidor vulnerable» o informarse de su perfil a través de la web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En un máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud completa del bono social el comercializador deberá comunicar al solicitante el resultado de las comprobaciones efectuadas para la aplicación del bono social.

Si la solicitud fuera denegada deberá aclarar el por qué y si existieran discrepancias, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo para que resuelvan ellos.

El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa y se aplicará en la siguiente factura.

Eso sí, siempre que dicha factura se emita transcurridos como mínimo quince días hábiles desde la recepción de la solicitud completa del consumidor por el comercializador.

El bono social se aplicará durante el plazo de dos años, salvo que con anterioridad se produzca la pérdida de alguna de las condiciones que dan derecho a su percepción.

Dicho plazo de dos años será prorrogable si con un mínimo de 15 días hábiles de la finalización, el consumidor titular del punto de suministro solicita su renovación.

El consumidor acogido al bono social o, en su caso, la Administración autonómica o local cuyos servicios sociales estén atendiendo al consumidor en riesgo de exclusión social, estarán obligados a comunicar al comercializador de referencia cualquier cambio que suponga la pérdida de la condición de consumidor vulnerable. O, en su caso, la condición de vulnerable severo.

Ello en el plazo máximo de un mes desde que se produjera el cambio en las condiciones que dan derecho a la percepción del bono social o, en su caso, a ser considerado consumidor en riesgo de exclusión social.

¿Quién paga el bono social?

Por ley, el coste del bono social debe ser asumido por las empresas comercializadoras de energía eléctrica «de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministren energía eléctrica».

El Gobierno debe establecer reglamentariamente el procedimiento y condiciones para la determinación del porcentaje de reparto.

En cuanto al bono social de los consumidores vulnerables severos, el coste de su factura eléctrica debe ser cofinanciado por las Administraciones públicas y por las comercializadoras eléctricas y no se les podrá cortar el suministro por impago.

Normativa relacionada

Es normativa relacionada con el bono social y los descuentos a consumidores vulnerables:

-Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica (ver online).

-Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

-Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

*Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. (BOE).