Que la Justicia española se está modernizando es un hecho. Con mayor o menor fortuna, servicios como el directorio online de juzgados y jueces o la inscripción de los recién nacidos en los hospitales, pasando por las webs de pisos hipotecados y coches embargados, Internet está entrando poco a poco en la cartera de servicios de nuestros juzgados.
Hoy lunes 11 de julio, el Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional ha hecho pública una dirección de correo electrónico a la que podrán escribir para reclamar su dinero los más de 8.000 de perjudicados por una estafa piramidal (el timo de los GPS), que investiga el juzgado desde hace meses y que se produjo con la venta por internet de aparatos GPS a personas de 70 países: [email protected]. Este dispositivo se conoce como Operación Bateo.
Tabla de contenidos
Dónde reclamar por el GPS piramidal
Los afectados que no hayan denunciado todavía la estafa pueden reclamar de tres formas, declarando y adjuntando toda la documentación que cuenten y que permita al juzgado determinar el alcance de la cantidad defraudada y el número de personas afectadas:
-En un cuartel de la Guardia civil
-A través del email habilitado: [email protected]
La estafa de los GPS
La Audiencia Nacional investiga desde hace meses, con la ayuda de la Comandancia de la Guardia Civil un timo que comenzó en 2013.
Entonces, miles de pequeños inversores invirtieron cantidades pequeñas de dinero a través de internet con la promesa de conseguir aparatos GPS geolocalizadores, que posteriormente se alquilarían a terceros.
De esta forma, obtendrían beneficios proporcionales a la cantidad de dinero invertida, incrementándose en función al número de personas que invirtiesen en el supuesto “negocio”.
Los responsables de esta estafa iniciaron los hechos en Brasil extendiéndose posteriormente a Europa y el resto del mundo, “mutando” de países y empresas conforme la pirámide iba ampliándose.
Operación Bateo
Fruto de la investigación de la operación Bateo, la Guardia Civil ha detenido en España hasta la fecha a 21 personas por su participación en estos hechos y se han identificado más de 100 empresas y 50 cuentas bancarias utilizadas por los presuntos delincuentes.
Se estima que han tenido más de 8.000 inversores en 70 países, llegando a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios. El ilícito penal consiste en una estafa piramidal a nivel internacional basada en el concepto de la cesión de GPS ofreciendo beneficios económicos proporcionales a la cantidad invertida.
Las inversiones se traducían a puntos, situándose cada persona en función de sus puntos en diferentes posiciones de la pirámide, siendo canjeables estos puntos por premios que oscilaban desde pines hasta coches o casas de lujo.
Gran parte del dinero invertido por la organización lo destinaban para la promoción de la estafa, llegando a celebrar en numerosas ocasiones importantes eventos como viajes, conciertos y reuniones en grandes hoteles de manera gratuita donde persuadían a los asistentes para que invirtieran su dinero.
Asimismo, se valían de plataformas virtuales y de redes sociales para dar publicidad en Internet, ofreciendo grandes beneficios económicos.
Los inversores, que adquirían uno o varios paquetes del producto haciendo un ingreso en cuenta corriente cuya titularidad era una sociedad, se les engañaba haciéndoles creer que dispondrían y recuperarían el dinero invertido en cualquier momento, no teniendo finalmente acceso al mismo.
Los niveles más altos de la pirámide lo conformaban las diferentes empresas nacionales e internacionales que formaban la organización criminal, desempeñando cada una de ellas una clara función.
Unas se encargaban de la publicidad, otras eran las administradoras de los supuestos paquetes, o de recaudar los pagos que hacían los inversores, o servían de soporte financiero y a otra empresa le correspondía blanquear el dinero.
Denunciar siempre, aunque sea por una menor cuantía
En Consumoteca siempre recomendamos a los usuarios pasar de la queja a la reclamación y a la denuncia aunque se trate de pequeñas cuantías. La razón es que reclamando todos, las autoridades toman conciencia estadística de cómo más o menos seguro es un país, región, ciudad, barrio, etc.
Para determinar el alcance de la estafa piramidal, la Audiencia Nacional necesita conocer cuántos inversores afectados hay. Hoy sabemos que se trata de una tarea compleja porque la actividad ilícita comenzó hace tres años y sus responsables fueron cambiando de países y de continentes, creando sucesivamente distintas empresas con distintas cuentas bancarias.