Cada año crece el número de pensionistas y en España hay más de 946.000, pero obtener una de estas compensaciones por incapacidad permanente es realmente complicado.
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Cuántas pensiones por incapacidad permanente hay en España
Hay actualmente, a marzo de 2019, 946.296 personas en España que cobran una pensión por incapacidad permanente.
Estas prestaciones, encaminadas a paliar la imposibilidad de trabajar a consecuencia de una accidente o enfermedad, han registrado altibajos en los últimos años, especialmente a partir de la crisis. Pero su crecimiento ha vuelto a consolidarse a pesar de que es realmente complicado que la Seguridad Social las reconozca.
En los doce meses de 2006 el número de pensionistas por incapacidad permanente creció en 32.381 personas. En 25.137 en 2007, y a partir de ahí, frenazo hasta el punto de que en 2013 y 2014 se perdieron incluso pensionistas. ¿Qué ha cambiado?
Por qué hay ahora menos que antes
Además del descenso en el número de ocupados, es decir, de personas que tienen trabajo (por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2007 había 20.717.900 en España por los 17.569.100 del mismo periodo en 2014 y los 19.564.600 de 2018, datos del INE) los especialistas del derecho reconocen que actualmente los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) son muy exigentes.
“La Seguridad Social suele conceder muy pocas incapacidades y son muy restrictivos a la hora de concederlas” arranca Juan Ignacio Oñós, titular del despacho Jionos Abogados.
Oñós considera que “no existen diferencias según los grados” aunque sí es cierto que “la parcial y total es más fácil de conseguir que la gran invalidez”.
Diciembre de 2018 cerró con 946.754 pensionistas para un total de 955.269 pensiones otorgadas. Fueron 6.274 personas más que en enero del mismo año. Y muchas de ellas, según explica José Manuel Sierra, “se conceden por sentencia judicial”.
Este abogado especializado, al frente del despacho Sierra Abogados en Palma de Mallorca, reconoce la importancia de controlar el reparto de pensiones “porque se trata de dinero público que ha de administrar correctamente” pero denuncia que en ocasiones “se exceden en situaciones en las que claramente el solicitante es merecedor de ver reconocida su incapacidad”.
Las personas que quieren ver reconocida su incapacidad “han de asumir un alto coste y realizar varios trámites, como la presentación de informes, de demandas judiciales y de recursos, que en ocasiones son infranqueables para los solicitantes” analiza Sierra.
De tal forma que muchos posibles pensionistas quedan excluidos de alcanzar su derecho por no poder contar con recursos para reclamar judicialmente, o con el tiempo suficiente para soportar todo el procedimiento.
Hasta las últimas consecuencias
A pesar de todo, los juristas especializados recomiendan no rendirse. “Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias” anima Oñós, “tanto en vía administrativa primero como en vía judicial”.
El primer paso es solicitar de oficio ante el INSS, o a través de las mutuas de trabajo, la incapacidad permanente. Para ello se necesita reunir la documentación necesaria según proceda (DNI, historial clínico, justificante de pago a la SS, parte de accidentes, salarios de cotización, etc.), rellenar un impreso y entregarlo en la sede provincial del INSS, o bien vía telemática con firma electrónica.
En caso de no obtener respuesta por parte de la Seguridad Social se abre la vía judicial. También puede suceder que responda la Administración con una denegación, y en ese caso “te darán un plazo de un mes para recurrir” informa Oñós. Si deniegan el recurso, se acude a los juzgados “con la presentación de la correspondiente demanda”.
En los tres meses de 2019 el número de pensionistas por este tipo de incapacidad ha oscilado de forma notable y todavía se encuentra por debajo de lo registrado en diciembre de 2018.
En torno al 2% de la población total de España tiene reconocida algún tipo de incapacidad permanente (destaca la total, por encima de la absoluta y la gran invalidez). Y percibe una pensión media de 971,11 euros al mes. De la perseverancia de los solicitantes dependerá si, a final de año, el número de pensiones aumenta o disminuye.
