La Rioja es una Comunidad autónoma que, como las demás en España, tiene competencias exclusivas por la administración central en materia de asistencia y servicios sociales a discapacitados, emigrantes, tercera edad y demás grupos sociales necesitados de especial protección.
Uno de los pilares de esta política social pública consiste en asegurar que, seas quien seas, en circunstancias personales de pobreza (estructurales o coyunturales, por ejemplo, la crisis) haya sistemas públicos que te aseguren obtener una renta mínima para un nivel de vida adecuado.
Estas medidas de protección obedecen al mandato que da Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) que dice en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y al de la Constitución española.
En su artículo 9.2 impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como el deber de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
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Prestaciones sociales
En La Rioja, la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales, prevé servicios sociales de primer nivel (servicio de prevención e inclusión social).
También prevé dos tipos de prestaciones de segundo nivel (prestaciones de inserción social):
- la forma del ingreso mínimo de inserción (IMI): para personas que necesitan una intervención social para su inserción laboral;
- la ayuda de inclusión social (AIS): personas cuyas características personales y sociales les impiden acceder a programas de inserción laboral, debiendo orientarse sus programas de inserción hacia la recuperación social.
Y con la aprobación de la Ley 4/2017, ahora se intenta colmar la exclusión social que desde el estallido de la crisis, sufren muchas personas en situación de exclusión coyuntural, frente a las situaciones de exclusión estructural que cubre la IMI y la AIS.
Pero con la renta de ciudadanía se pretende ayudar a los jóvenes sin empleo ni ingresos, a las familias monoparentales (la mayoría de mujeres) y a las personas con discapacidad que sufren en mayor medida el riesgo de pobreza por una tasa de inactividad y desempleo por encima de la media.
Qué es la renta de ciudadanía
La renta de ciudadanía es un derecho subjetivo reconocido a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social y han agotado otras ayudas (desempleo por ejemplo).
La renta de ciudadanía es una prestación económica, de percepción periódica, destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situación o riesgo de exclusión social, así como proporcionarles los medios necesarios para su incorporación social y, en su caso, laboral.
Características
La renta de ciudadanía:
- Es subsidiaria respecto a las prestaciones públicas existentes (salvo en supuestos de prestaciones de cuantía muy reducida);
- Se considera como la «última red de protección social». Su objetivo es garantizar las necesidades básicas a aquellos colectivos y en aquellos períodos no cubiertos por las prestaciones de los sistemas públicos de Seguridad Social y Empleo.
- No se necesita periodo de espera para acceder a la renta una vez agotadas las prestaciones y subsidios por desempleo;
- No está limitada en el tiempo mientras persista la situación de exclusión social.
- Es compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial:
- El derecho a la prestación económica de la renta de ciudadanía sólo puede ser ejercitado por el beneficiario individual y no podrá ser objeto de cesión, retención del pago o embargo.
Finalidad
Su finalidad es atender las necesidades básicas del solicitante y su núcleo familiar de convivencia que se encuentren en esta situación y promover su inserción social y laboral. Esta renta de ciudadanía cumplirá una triple función:
- como mecanismo compensador,
- como sistema incentivador de la cohesión social y
- como impulso para la formación e inserción laboral.
Destinatarios de la prestación
Son destinatarios de la prestación el titular de la renta de ciudadanía, cualquier persona a la que se le reconozca junto con los integrantes de su unidad familiar o de convivencia (pareja y menores a su cargo, a excepción de los que convivan por razones de amistad o conveniencia).
La persona ha de ser mayor de veintitrés años o menor de dicha edad y mayores de dieciséis años que tengan cargas familiares, sean huérfanos de padre y madre o hayan sido objeto de tutela o guarda.
Se considerará que no se dispone de recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la vida cuando la unidad familiar o de convivencia en la que se integra el titular disponga de un patrimonio por debajo de la cuantía en cómputo anual del límite máximo de rendimientos mensuales establecido en el artículo 7.d).1.º de la ley, en función del número de miembros.
Igualmente, se considerará que se dispone de recursos suficientes cuando la unidad familiar o de convivencia disponga de capital mobiliario por importe superior al doscientos treinta por ciento del IPREM, en cómputo anual.
Cuantía básica de la renta y complementos
La cuantía básica mensual de la renta de ciudadanía en La Rioja será del 80% del indicador público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico.
En la actualidad (2017) el IPREM anual es de 6.390,13 euros/año repartido en 12 pagas mensuales.
Por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia distinto del titular se reconocerá un complemento de la cuantía básica de la renta, de acuerdo con las reglas y cuantías siguientes:
a) El complemento por el primer miembro será el veinte por ciento del IPREM.
b) El complemento por el segundo miembro será el quince por ciento del IPREM.
c) El complemento por el tercero y siguientes miembros será el diez por ciento del IPREM.
La cuantía máxima de la prestación a percibir será del ciento veinticinco por ciento del IPREM. La cuantía mínima de la prestación a percibir será el veinticinco por ciento de la renta de ciudadanía correspondiente a su unidad familiar o de convivencia.
Obligaciones del titular
El titular de la renta de ciudadanía tendrá las siguientes obligaciones:
a) Destinar la prestación a atender las necesidades básicas de la unidad familiar o de convivencia.
b) Realizar las contraprestaciones incluidas en el proyecto individualizado de inserción.
c) Colaborar con los profesionales encargados del seguimiento y evaluación del proyecto, facilitando su labor.
d) No ausentarse de La Rioja por un período superior a 30 días computados por cada año natural.
e) Comunicar a la Administración concedente, en el plazo máximo de quince días, las modificaciones en la situación personal, familiar o patrimonial que de acuerdo con la presente ley puedan implicar la modificación, suspensión o extinción de la prestación.
f) Cumplir y ejercer adecuadamente los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda y custodia de los menores, en el supuesto de tenerlos a su cargo.
g) No ejercer la mendicidad.
h) Mantener ininterrumpidamente su demanda de empleo en el departamento competente del Sistema de Empleo, no rechazar una oferta de empleo adecuado y comunicar cualquier oferta de empleo a los profesionales que realicen el seguimiento de su proyecto de inserción. Mediante informe de los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención se podrá exonerar al titular de la renta de esta obligación cuando por sus características personales y/o sociales no pueda acceder al mercado laboral.
i) Ejercer las acciones pertinentes para el cobro de cualquier derecho económico que pueda corresponderle.
j) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.
Otras instituciones
En 2014 se creó en La Rioja la ‘Red de protección a las personas y a las familias en situación de vulnerabilidad por los efectos provocados por la crisis’, integrada por agentes sociales relacionados con la exclusión social. Una de sus primeras y principales propuestas fue la elaboración de esta ley de renta de ciudadanía, en cuya redacción han tenido una activa participación.
Normativa de servicios sociales en La Rioja
En La Rioja están en vigor las siguientes normas de servicios sociales:
-Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948).
-Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).
-Decreto 24/2001, de 20 de abril, por el que se regulan las prestaciones de inserción social (modificado por los Decretos 3/2005, de 28 de enero, 31/2011, de 29 de abril, 16/2012, de 11 de mayo, y 28/2014, de 27 de junio).
-Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.
-Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales
-Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja (BOR de 5 de mayo de 2017).
-Decreto 41/2017, de 29 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja (BOR de 4 de octubre de 2017).
*Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja (BOR de 5 de mayo de 2017).
