La protección de los consumidores queda recogida en la Constitución Española, obligando al Estado a asegurar los derechos y libertades de los ciudadanos en este ámbito. Los propios consumidores, en muchas ocasiones, no son conocedores de ellos y sufren abusos sin ser conscientes de que podrían interponer reclamaciones. Uno de los deberes del Estado, en este sentido, es promover la información necesaria para que los usuarios no se vean desprotegidos por desconocimiento o falta de datos. Los Derechos del Consumidor son un conjunto de normas que tienen como objetivo proteger a las personas físicas y jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes y servicios como destinatarios finales. Su ámbito de aplicación se encuentra en las relaciones entre los consumidores y las empresas que ofrecen esos bienes o servicios.
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Normativa de los derechos de los consumidores
El fundamento de esta normativa de protección al consumidor es evitar que los usuarios sean engañados por las empresas, organizaciones, entidades comercializadoras… ya sea con costes adicionales, con productos y servicios de mala calidad e incluso daños personales.
Por este motivo, cuando se compra un bien o se contrata un servicio se crea un vínculo legal entre el comprador y el vendedor. El vendedor tiene la obligación de garantizar una serie de derechos y no vulnerar nunca los intereses legítimos que de forma natural corresponden al consumidor.
El Estado, en relación a los consumidores, tiene la obligación de velar por sus derechos y promover su información y su educación. De este modo no se encontrarán en situación de indefensión frente a las empresas donde adquieren esos bienes y servicios.
La norma principal en materia de Derecho al Consumidor es el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Según este artículo se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como otras leyes complementarias del año 2007. Una ley que se reformará posteriormente para adaptarse a la evolución de la realidad social.
No obstante, para algunos sectores, como el de la alimentación o el de los medicamentos, existe una legislación específica que garantiza una regulación más completa. El motivo es el tener una interacción más directa con la salud de los ciudadanos.
¿Cuáles son los principales derechos del consumidor?
Los consumidores tienen derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad y la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.
Así mismo, tienen derecho a recibir la indemnización pertinente por los daños o la reparación de los perjuicios sufridos. Por último, cabe destacar que los consumidores también deben tener acceso a la información completa y clara sobre los bienes o servicios que compran y / o contratan, así como a la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre el adecuado uso, consumo o disfrute.
Irrenunciables
Los derechos de los consumidores son irrenunciables y esta es una cualidad intrínseca que mucho desconocen. Será nulo y fraudulento cualquier intento por hacer que el consumidor renuncie a un derecho, según recoge la Ley. Valga como ejemplo el conocido caso de los bancos que impusieron la clausula suelo.
Por mucho que esta clausula se recogiera en el contrato de la hipoteca y estuviese firmado por puño y letra de los interesados, las reclamaciones interpuestas han caído a favor de los consumidores y las entidades bancarias han tenido que devolverles las cantidades cobradas de forma indebida.
Obligación de los empresarios
El empresario está obligado a facilitar la información relevante, verídica y suficiente al consumidor, sobre las características principales del contrato, condiciones económicas y jurídicas, principalmente y según Ley.
Son ocho, las más relevantes y que, además, deben ofrecerse de forma completamente gratuita;
- Las características principales de los bienes o servicios que ofrece.
- Facilitar siempre la identidad del empresario, así como su teléfono y, cuando sea necesario, del empresario por cuya cuenta se esté actuando.
- Debe quedar claro el precio total, esto incluye los impuestos y las tasas que se deban. En el caso de no poder calcularse de forma previa o depende de un presupuesto, se llevará a cabo determinando el precio, junto a los gastos extras que se generen en el transporte, la entrega o del servicio postal.
- El procedimiento llevado a cabo para ejecutar el pago, la entrega y ejecución, así como la fecha.
- Se deberá recordar la garantía legal existente de conformidad para los bienes, así como para las condiciones de los servicios posventas y garantías comerciales.
- La duración del contrato. Si el contrato tiene duración indeterminada o se prolonga de forma automática, aclarar las condiciones de resolución interpuestas.
- El idioma o los idiomas en los que es posible formalizar el contrato.
- Si existe, mencionar el derecho de desistimiento, así como la forma de ejecutarlo y el plazo posible.
- Por último, detallar el procedimiento creado para que las reclamaciones puedan ser atendidas y, cuando proceda, la información existente sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
El etiquetado
Así mismo, para garantizar los derechos de los consumidores, los empresarios en el ejercicio de su actividad que ofrezcan cualquier tipo de bien o servicio a un usuario deben cumplir con una serie de obligaciones.
Una de ellas es realizar un etiquetado sencillo, que no induzca a error para ofrecer información básica de forma directa y clara. La presentación y publicidad también debe respetar las normas establecidas por ley de veracidad y transparencia.
Un ejemplo de obligación de informar por parte de los empresarios se produce, por ejemplo, en la compra de una prenda de ropa. El establecimiento tiene el deber de poner a disposición del cliente la información necesaria para que tome una buena decisión en función de sus intereses y necesidades.
Del mismo modo, el consumidor tiene derecho a cambiar o devolver el producto por el dinero invertido en el plazo que marca la ley.
Para hacer válidos estos derechos, el recibo de compra es el documento que los recoge junto a los plazos. Es el único comprobante de la relación entre consumidor y comercio en caso de que el usuario quiera interponer cualquier reclamación o medida legal si sus derechos se ven dañados.
El deber de informar de forma correcta sobre los bienes y servicios se adapta a cada caso concreto. No es la misma información la que tiene que ofrecer una prenda de ropa que un producto alimenticio.
La regulación de derechos al consumidor a una información clara establece qué es lo que tiene que aparecer en el etiquetado de cada artículo para que cumpla con la legislación vigente.
La ausencia de esa información o si esta aparece poco clara, confusa o falta a la verdad será motivo para interponer medidas legales contra dicha empresa.
