«Derecho protección de los legítimos intereses económicos». Fecha publicación: 24 abril 2011. Última actualización: 24 enero 2024.
Entre los derechos de los consumidores destaca el de «protección de sus legítimos intereses económicos».
Es decir el derecho a que nuestros legítimos intereses económicos (nuestro «bolsillo») y derechos sociales sean respetados en los términos establecidos en la legislación comunitaria, estatal y autonómica aplicable.
Pero. ¿qué quiere decir exactamente esto y cómo se articula este derecho del consumidor en España? Te lo explico a continuación.
Tabla de contenidos
Protección de los legítimos intereses económicos
Los consumidores estamos constantemente estableciendo relaciones de consumo con un montón de personas físicas y jurídicas. Cuando compramos en el súper, cuando echamos gasolina al coche, cuando pagamos el recibo de la luz o cuando llevamos el niño al dentista.
En todas estas relaciones de consumo recibimos un producto o una prestación a cambio del pago de un precio.
Pues bien, en todos estos casos tenemos derecho a que nuestros intereses no se vean defraudados por estos terceros por falta de información, por una publicidad engañosa, por un exceso de información o por presión a la hora de elegir.
La normal consecuencia de todo esto es que nuestro bolsillo se vea resentido (que nos timen, vamos).
Cómo nos protegen las administraciones públicas
Constitución de 1978
En España, partimos del artículo 51 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos (en cualquier ámbito) a proteger nuestra salud, seguridad y legítimos intereses económicos con procedimientos eficaces.
Ley de defensa de los consumidores
Este mandato constitucional se desarrolla en la Ley de defensa de los consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), de carácter estatal.
Su artículo 8.1 b) (Derechos básicos de los consumidores y usuarios dice así:
1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas consumidoras vulnerables:
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
Este derecho se desarrolla en el artículo 19 (Principio general y prácticas comerciales):
1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, además, lo previsto en las normas civiles y mercantiles, en las regulaciones sectoriales de ámbito estatal, así como en la normativa comunitaria y autonómica que resulten de aplicación.
Y especifica (resumen del 19.2):
2. …. las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto en esta ley, en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, …
A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones, con independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación comercial.
Comunidades autónomas
En España, las Comunidades autónomas tienen transferidas de la Administración general del Estado las competencias de comercio y consumo en sus respectivos territorios.
A lo largo de los últimos 40 años han venido publicando y actualizando sus respectivos Estatutos de los consumidores o leyes de defensa de estos, siguiendo las mismas líneas de la Ley estatal.
Vemos a continuación cómo se desarrolla la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores en las diferentes CCAA. Pero comenzaremos por las más recientes, ya que son más interesantes y completas.
País Vasco (abril 2023)
El Estatuto de los consumidores vasco (abril 2023) dedica su Capítulo III (Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales) a cuatro grandes asuntos relacionados:
- Derecho a la conformidad de los bienes y servicios;
- Prácticas comerciales ilícitas o agresivas;
- Prohíbe la venta a domicilio sin previa cita y
- Exige que consten por escrito las condiciones de las ofertas realizadas verbalmente antes de interrumpir la prestación de que se trate.
Se reserva en el art. 52 al Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide) la potestad de difundir la identidad de los comercios y profesionales reclamados en casos graves:
Cuando la garantía de la salud, la seguridad o los intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias o su derecho a la información lo aconsejen, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podrá dar difusión de las reclamaciones planteadas en ese sentido, sus motivos, las personas empresarias objeto de reclamación y los sectores afectados, con respeto al derecho a la protección de datos personales, en los términos que se deriven de la legislación aplicable en la materia.
Y el artículo 102 permite saltarse el procedimiento administrativo en situaciones graves con medidas provisionales:
3. Por razones de urgencia, cuando haya indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias o puedan lesionarse de forma grave los intereses económicos y sociales de aquellas, las medidas provisionales podrán ser adoptadas antes de la iniciación del procedimiento administrativo por el personal inspector de consumo, mediante el levantamiento de la correspondiente acta, en la que se justifique el motivo de las medidas y la urgencia de su adopción.
Navarra (diciembre 2022)
El Estatuto navarro del consumidor (diciembre 2022) reconoce como derecho básico del consumidor (artículo 12.1. b):
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a situaciones de desequilibrio, como las prácticas comerciales desleales o abusivas, o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos; y con especial incidencia en los intereses colectivos y aquellos que afecten a un número indeterminado de personas consumidoras o usuarias.
Para lo cual reconoce el derecho de asociación y la importancia de las asociaciones de consumidores y usuarios (art. 31).
El artículo 16 defiende nuestro derecho a productos de calidad esperable:
Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a exigir que los bienes y servicios tengan la calidad, idoneidad y conformidad derivadas de la oferta, la promoción y la publicidad que se realicen, así como del contrato y la normativa aplicable.
Con tal fin, las administraciones públicas con competencia en materia de consumo, para proteger los legítimos intereses económicos y sociales de las personas consumidoras o usuarias, adoptaran medidas para evitar la comercialización tanto de bienes como de servicios cuyas características distintivas puedan inducir a error sobre sus elementos de composición, presentación, origen o procedencia.
Y en materia de finanzas, se apoya el «Empoderamiento financiero y digital» (artículo 30) al igual que en Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha (marzo 2019)
En C-LM, el art 4.2 de su Estatuto de los consumidores reconoce como derecho básico:
2. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a situaciones de desequilibrio como las prácticas comerciales desleales o abusivas, o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos; y con especial incidencia en los intereses colectivos y aquellos que afecten a un número indeterminado de personas consumidoras.
Se aplica la condición más beneficiosa (art. 21):
Los legítimos intereses económicos y sociales de las personas consumidoras deberán ser respetados en los términos establecidos en esta ley y en la legislación general y específica que afecte a los derechos de las personas consumidoras, de manera que en los casos de concurrencia entre esta normativa y las disposiciones generales y sectoriales y en lo referente al régimen de declaración responsable, comunicación o en su caso de autorización de cada producto o servicio, deberán ser resueltas de acuerdo con el principio de condición más beneficiosa para las personas consumidoras.
Se apoya el «Empoderamiento financiero y digital de las personas consumidoras» (art. 22):
1. Las administraciones públicas con competencias en materia de consumo promoverán cuantas medidas sean necesarias para asegurar el empoderamiento financiero y digital de las personas consumidoras en relación con sus legítimos intereses económicos y sociales.
2. Asimismo, las administraciones públicas con competencias en materia de consumo fomentarán la información y acceso a instrumentos financieros alternativos como los microcréditos o el micromecenazgo y otras fórmulas de financiación colectiva; y también en lo relativo a las inversiones socioambientalmente responsables y otras herramientas o útiles financieros que puedan existir, según la evolución o las disponibilidades del mercado.
El artículo 23 defiende la autenticidad de los productos:
Las administraciones públicas con competencias en materia de consumo, para proteger los legítimos intereses económicos y sociales de las personas consumidoras, adoptarán medidas para evitar la comercialización de productos cuyas marcas puedan inducir a error o imiten o falsifiquen sus características o identificación, o bien, no puedan acreditar su origen o procedencia.
Castilla y León (marzo 2015)
La norma de consumo en Castilla y León (marzo 2015) dedica su art. 5 b) al derecho a la protección de los slegítimos intereses económicos de los castellano leoneses.
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
El artículo 11 habla de los
Los consumidores y usuarios tienen derecho a que los bienes y servicios dispongan de las especificaciones de calidad que determinen las normas aplicables o que resulten adecuadas a las legítimas expectativas de uso o de consumo.
3. El fabricante, el importador o, en su caso, el responsable de la primera puesta en el mercado de los bienes de naturaleza duradera garantizará, de acuerdo con la legislación vigente, la existencia de un adecuado servicio técnico y el suministro de piezas de repuesto, incluidas las consumibles.
En los productos de naturaleza duradera el consumidor y usuario tendrá derecho a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos durante el plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse.
La acción o derecho de recuperación de los productos entregados por el consumidor y usuario al empresario para su reparación prescribirá a los tres años a partir del momento de la entrega.
4. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación de la conformidad del bien con el contrato.
Las prácticas comerciales de los empresarios y profesionales dirigidas a los consumidores y usuarios contendrán la información necesaria exigida en la legislación vigente.
5. En la comercialización de bienes y prestación de servicios, el consumidor, antes de contratar y cuando el precio final sólo pueda ser fijado mediante la elaboración de un presupuesto previo, tendrá derecho a éste por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera, debidamente desglosado, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, salvo renuncia expresa y fehaciente de éste.
El presupuesto previo será gratuito, salvo que el consumidor o usuario decida no celebrar el contrato, en cuyo caso, sólo deberá abonar el precio de elaboración del presupuesto, sobre el que habrá sido expresamente informado, debiendo el vendedor o prestador del servicio demostrar dicho extremo.
6. Cuando los consumidores entreguen un bien o producto con el fin de realizar en ellos cualquier tipo de intervención, el prestador del servicio deberá entregar un resguardo de depósito en el que figuren los datos que reglamentariamente se establezcan, incluyendo el plazo de garantía que en ningún caso podrá ser inferior a tres meses.
La entrega de dicho resguardo será igualmente obligatoria en los supuestos en que exista un presupuesto previo o contrato.
7. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor y usuario están obligadas a que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones en las condiciones previstas en la legislación estatal. Estos servicios deben estar identificados en relación a las otras actividades de la empresa en los términos previstos en la legislación estatal.
Galicia (marzo 2012)
La ley gallega de protección del consumidor destaca el derecho básico del consumidor a (art. 11 b):
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a situaciones de desequilibrio como las prácticas comerciales desleales o abusivas, o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
Es una ley muy completa que dedica su capítulo III (art 23 al 39) a este derecho en sus sucesivos titulares:
- Artículo 29. Presupuesto;
Artículo 30. Resguardo de depósito;
Artículo 31. Documento justificativo de la relación de consumo;
Artículo 32. Reclamaciones de los consumidores;
Artículo 33. Servicios de atención al consumidor;
Artículo 35. Servicios básicos de interés general;
Artículo 36. Manifestaciones o alegaciones de empresas.
Artículo 37. Manifestación de morosidad;
Artículo 38. Cláusulas abusivas;
Artículo 39. Imagen de una empresa;
Comunidad valenciana (marzo 2011)
Para el Estatuto de los consumidores de la Comunidad Valenciana (marzo 2011), las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, «desarrollarán las actuaciones necesarias para conseguir una adecuada protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores».
En especial las encaminadas a garantizar, en los términos de la legislación aplicable:
- La libertad de elección y contratación de los consumidores en particular ante prácticas comerciales desleales, métodos engañosos o agresivos de contratación.
- El desarrollo de la actividad publicitaria con estricto cumplimiento de la normativa aplicable, instando la cesación y rectificación de las prácticas publicitarias ilícitas.
- La igualdad de trato y la supresión de discriminaciones injustificadas entre los consumidores.
- La confección y entrega de presupuesto previo que indique, necesariamente, su plazo de validez y el importe total desglosado incluyendo todos los conceptos. En el caso de que existan gastos adicionales que no puedan ser calculados por anticipado y repercutan sobre la persona consumidora o usuaria, se tendrán que hacer constar con un importe aproximado.
- La entrega de resguardo de depósito de bienes proporcionados por el consumidor.
- La adecuada formalización y entrega de recibo, factura detallada o documento acreditativo de las operaciones realizadas, redactado con claridad, fácilmente comprensible y debidamente desglosado, en su caso.
- La entrega del documento de desistimiento y el respeto de las condiciones de ejercicio del mismo, en los casos y en los términos previstos en la normativa vigente.
- La tenencia a disposición de los consumidores de hojas de reclamaciones en los términos que reglamentariamente se determine.
- La ausencia de cláusulas abusivas o contrarias a la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones en los contratos que puedan formalizarse con consumidores.
- El cumplimiento efectivo del derecho a recibir productos que sean conforme con el contrato, así como a la obtención de un documento de garantía cuando sea obligatorio de conformidad con la legislación aplicable.
- La disponibilidad de adecuados servicios postventa con los correspondientes servicios técnicos y existencia de repuestos en los términos marcados por la legislación vigente.
- La continuidad en la prestación del suministro de servicios públicos o de interés general en los términos y con las garantías previstas en la legislación.
- La exactitud en el peso y medida de los bienes y la correcta prestación de los servicios.
- El cumplimiento del contenido de la oferta, promoción o publicidad, que será exigible por el consumidor aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido, sin perjuicio de que si el contrato celebrado contuviese cláusulas más beneficiosas, prevalezcan estas últimas.
Aragón (diciembre 2006)
El segundo de los derechos de los consumidores aragoneses (Ley de diciembre 2006) es «b) El reconocimiento, protección y realización de sus legítimos intereses económicos y sociales».
Estos intereses se protegerán siempre bajo el principio de la «condición más beneficiosa» (extracto del art. 14):
1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley, las normas civiles, mercantiles y las que regulan el comercio y el régimen de autorización de cada producto o servicio, en relación con cualesquiera actos de consumo.
2. Las Administraciones públicas de Aragón velarán por que ese respeto sea real y efectivo y fomentarán, en el ámbito de sus competencias, la protección de esos intereses económicos y sociales.
3. La concurrencia entre las normas generales de protección del consumidor …. se resolverá de acuerdo con el principio de condición más beneficiosa para el consumidor y usuario.
Cantabria (marzo 2006)
La Ley de consumidores cántabra (marzo 2006) tiene como segundo derecho básico
b) El reconocimiento y protección, mediante procedimientos eficaces, de sus legítimos intereses económicos y sociales
El contenido de este derecho se desarrolla en el artículo 9:
1. Las Administraciones públicas de Cantabria, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el adecuado respeto a los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios.
2. En concreto, las Administraciones públicas de Cantabria, en el marco de sus respectivas competencias, vendrán obligadas a promover y desarrollar todas aquellas actuaciones que fueran necesarias para:
a) Garantizar la libertad de acceso de los consumidores y usuarios a los bienes y servicios en condiciones de equilibrio e igualdad. Especialmente cuando se trate de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado o cuando el productor, fabricante, elaborador o comercializador tenga una posición de dominio en el mercado o cuando se trate de servicios ofertados o prestados a través de medios telemáticos, telefónicos, informáticos o electrónicos.
b) Asegurar el mantenimiento del adecuado equilibrio de las prestaciones en las relaciones económicas de los consumidores y usuarios con las Administraciones públicas de Cantabria o con entidades o sociedades, públicas o privadas, gestoras de servicios públicos dependientes de las mismas.
c) Velar, en colaboración con las asociaciones y organizaciones de consumidores y las asociaciones y organizaciones empresariales, para que la utilización de cláusulas contractuales no negociadas individualmente cumpla, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, con las exigencias de la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones.
En cuanto a las prácticas comerciales de los empresarios (extracto del art. 14 bis):
las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a (los consumidores) están sujetas a lo dispuesto en esta ley, en el Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), en la Ley de Competencia Desleal, y en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, no obstante la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación.
A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones, con independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación comercial.
Andalucía (diciembre 2003)
La ley defensa de los consumidores andaluces (diciembre 2003), es una de las más señeras. Su artículo 4 fija como derecho básico de los consumidores:
2. La protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses económicos y sociales.
Y su art 11 (Medidas de protección), desarrolla la protección de estos intereses en 4 ejes:
a) Asegurar el reconocimiento y apoyo en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las organizaciones o asociaciones de los consumidores, con vistas a su participación activa, representación y audiencia.
b) Asistir a los consumidores en el ejercicio de su libre acceso a los bienes y servicios del mercado, en condiciones de equilibrio e igualdad, especialmente, en caso de posición de dominio en el mercado o cuando se trate de servicios esenciales.
c) Garantizar el justo equilibrio de prestaciones en las relaciones económicas de los consumidores con la Administración de la Junta de Andalucía o con entidades o empresas, públicas o privadas, gestoras de servicios públicos dependientes de la Junta de Andalucía.
d) Solicitar de los órganos y autoridades competentes, encargados de controlar y sancionar la actividad publicitaria, el efectivo ejercicio de sus funciones conforme a la legislación vigente, de modo que los consumidores sean destinatarios de una publicidad sujeta a los principios de legalidad, veracidad y autenticidad.
Asturias (diciembre 2002)
El artículo 3.1 b) de la Ley de consumidores asturiana (diciembre 2002) trata sobre el derecho básico de los consumidores a la:
b) … protección de sus derechos y legítimos intereses económicos y sociales, en especial frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
Este y los demás derechos son irrenunciables (art. 4):
La renuncia previa al ejercicio de los derechos y legítimos intereses reconocidos en esta Ley y normas complementarias, así como los actos en fraude de ley y los pactos que tengan por objeto la exclusión de su aplicación, son nulos de pleno derecho.
Y el artículo 8 aclara que:
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa civil y mercantil y demás legislación aplicable, los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales en los términos previstos en esta Ley y las disposiciones que la desarrollen.
Comunidad de Madrid (julio 2018)
Esta norma es la más señera en España.
La «b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales» es uno de los derechos fundamentales del consumidor (art. 3.1 b)»-
Esta protección se garantiza con la inspección de consumo (art. 34)
1. Las actuaciones de inspección, control de calidad y seguridad que desarrollen las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con competencias en materia de protección de los consumidores y protección de la salud, se llevarán a cabo sobre todo tipo de productos, bienes y servicios destinados a los consumidores, comprobándose que se adecuan a la legalidad en cuanto a sus características técnicas, higiénico-sanitarias, de seguridad y comerciales, así como que se ajustan razonablemente a las expectativas que pueden motivar su adquisición, derivadas de las descripciones realizadas en su presentación, publicidad, precio y otras circunstancias
2. Las actuaciones de inspección y control se llevarán a cabo preferentemente sobre aquellos productos, bienes y servicios considerados como de uso o consumo común, ordinario y generalizado, así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores, afecten a un colectivo de especial protección previsto en el artículo 4, o puedan crear situaciones de alarma social.
El personal inspector podrá (art. 36)
3. … llevar a cabo investigaciones de mercado, destinadas a la obtención de información que permita conocer y realizar estudios de mercado en sectores de los cuales se pudieran derivar riesgos para la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores, a fin de ser incluidos como objetivos prioritarios de las actuaciones de vigilancia y control.
Normativa relacionada
Estatal
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (ver online).
Andalucía
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (ver online).
Aragón
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón (ver online).
Asturias
- Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios (ver online).
Cantabria
- Ley 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ver online).
Castilla-La Mancha
- Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha (ver online).
Castilla y León
- Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León (ver online).
Comunidad de Madrid
- Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid (ver online).
Comunidad valenciana
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana (DOCV de 24 de marzo de 2011).
Galicia
- Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias (ver online).
Navarra
- Ley Foral 34/2022, de 12 de diciembre, reguladora del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias (ver online).
País Vasco
- Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias (ver online).
